Para empadronarse, la persona debe someterse a estudios laboratoriales o controles que confirmen su diabetes o hipertensión. A partir de allí, podrán registrarse dentro del Sistema de Información en Salud (HIS).

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Desde la cartera sanitaria explicaron que los pacientes podrán retirar los medicamentos por cuatro meses, siempre y cuando mantengan sus niveles de presión e insulina estables. Si se presenta una dificultad, serán excluidos del empadronamiento para hacer un seguimiento más continuo de su enfermedad.

El viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, Dr. José Ortellado comentó que el empadronamiento comenzará a aplicarse los 100 primeros días en hospitales de Central y Capital que cuenten con el HIS.

“Las personas interesadas deben acudir directamente a los servicios de Salud, como Villa Elisa, Loma Pytá, San Lorenzo, se agendan y el médico al darse cuenta que es hipertensa, autoriza para retirar su medicación por 4 meses, sin tener que consultar, pero a los 4 meses tiene que volver con cierto resultado“, explicó en conversación con radio Ñanduti.

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Según el Ministerio de Salud, serán empadronadas aproximadamente 60.000 personas con diabetes y 160.000 con hipertensión. Refieren que en Paraguay, cerca del 20% de los enfermos crónicos están controlados y el 50% medicados.

Benjamín Ozuna, director del nuevo centro de Reinserción de Minga Guazú, informó que la derivación de 50 reos forma parte de un proceso gradual con el que se pretende descentralizar el sistema penitenciario y reducir el hacinamiento.

La gradualidad también responde al factor financiero y de disponibilidad de personal, pues, se debe ceñir al presupuesto previsto para la cobertura.

Las visitas serán limitadas, los abogados no dispondrán de tantas horas para hablar sus defendidos, los controles de ingresos se aplicarán de forma muy estricta y los guardias entrenados fueron capacitados, a diferencia de lo que ocurría antes.

“Todos son profesionales, por ejemplo, la lavandería que tiene una infraestructura moderna, donde no puede venir una empírica, son personas que tienen estudio y experiencia en hoteles, las cocineras son universitarias, porque la cocina es a inducción, ya no hay carbón no hay gas, la tecnología es muy moderna, todos los referentes son expertos, nada está improvisado”, detalló Ozuna, en un contacto con el canal Gen-Nación Media.

La clasificación no solamente se realiza por condenados y procesados, sino también para personas adictas que recibirán tratamiento, los internos de alta peligrosidad, los de buena conducta, entre otras consideraciones.

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La capacidad es de 1.237 reclusos y la infraestructura consta de ocho módulos independientes: siete convencionales y uno de máxima seguridad. En los primeros caben 165 personas por cada uno, mientras que, en los de régimen cerrado especial pueden ingresar hasta 82 internos.

Respecto al pabellón de máxima seguridad, la particularidad es que tiene restringida la circulación de internos por los pasillos. Los condenados podrán salir de sus celdas individuales solamente dos horas al día. Allí adentro recibirán los servicios básicos.

Otra restricción es la de las vistas privadas, salvo excepciones de visitas comunes recomendadas por el Organismo Técnico Criminológico (OTC). De ser así, tendrá agendamiento previo.

Sobre el punto, el Ministerio de Salud informó que se trata de una persona mayor, oriunda de Concepción, que fue diagnosticada con adenocarcinoma de colon sigmoide por el Dr. Raúl Saucedo, gastroenterólogo, en conjunto con el Dr. Juan Recalde.

La intervención, que consistió en una resección del tumor, se realizó utilizando la técnica de colo-recto anastomosis con sutura mecánica circular. Actualmente, la paciente se encuentra en el servicio de cirugía del hospital regional de Concepción para control y evolución postoperatoria.

En este caso, la cartera sanitaria resalta la importancia de realizarse chequeos generales dos veces al año, ya que estos pueden ayudar a detectar a tiempo enfermedades como el cáncer de colon y aumentar las posibilidades de un tratamiento exitoso.

La Junta Departamental de Alto Paraná trató en la sesión ordinaria del martes la propuesta de construcción de una morgue judicial y un laboratorio forense en Ciudad del Este.

La propuesta fue presentada la semana pasada por los abogados Wilson Benítez y Alice Monge, quienes enfatizaron la necesidad de contar con esta dependencia en esa zona del país.

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Tras obtener un dictamen favorable por parte de la Comisión de Legislación, la nota finalmente fue aprobada por el pleno de la junta altoparanaense.

De esta manera, se declara “de interés departamental” la construcción de la morgue judicial para el este del país, por lo que el cuerpo colegiado acompañará esta solicitud ante las autoridades pertinentes.

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El pedido tomó estado público días después de producirse el trágico fallecimiento de la escribana Carmen Ruiz en Presidente Franco. A raíz de la falta de una morgue, su cuerpo tuvo que ser trasladado hasta Asunción.

El hecho fue denunciado públicamente por el médico forense Martín Alfaro, quien luego de sus polémicas declaraciones ante los medios de prensa fue sumariado por el Fiscal General del Estado.